Así, corresponde a la Dirección general de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino la responsabilidad de la gestión y funcionamiento de dicha red.
Es más, el Real Decreto también prevé la posible inclusión en esta Red de los espacios protegidos de competencia autonómica, sin que esto suponga la alteración de las competencias autonómicas sobre la declaración y gestión de dichos espacios.
Según establece el Real Decreto, para la integración de un espacio protegido en la Red de Áreas Marinas Protegidas se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, su representatividad, es decir, que el espacio albergue tipos de hábitat, comunidades biológicas o procesos ecológicos representativos de las demarcaciones marinas establecidas en el medio marino español, así como las unidades geológicas recogidas en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Igualmente se valorará que el espacio contenga ecosistemas, tipos de hábitat o especies singulares o poco frecuentes, así como elementos geológicos únicos o inusuales. También se considerará la importancia de los espacios para hábitats o especies amenazadas, su vulnerabilidad, fragilidad, sensibilidad, o lenta recuperación de sus hábitats o especies.
Al mismo tiempo, para su integración en la Red de Áreas Marinas, se plantea que un espacio deberá tener la extensión adecuada que garantice el mantenimiento de las características físicas, geológicas y biológicas, y asegure el funcionamiento de los procesos ecológicos presentes.
Además, tendrá que contar con una proporción relevante de los hábitats o especies por los cuales el espacio ha sido protegido, así como con adecuados tamaños poblacionales de especies que permitan mantener o alcanzar su estado de conservación favorable.
Directrices Internacionales
Según explica el Ejecutivo, la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, que incorpora las directrices internacionales en materia
de conservación de la biodiversidad marina, crea la figura de Área
Marina Protegida, como una de las categorías de espacios naturales
protegidos y determina que estas áreas se integrarán en la Red de Áreas
Marinas Protegidas de España.
De esta forma, señala que la Ley de Protección del Medio Marino, que
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva marco
comunitaria sobre la estrategia marina, crea la Red de Áreas Marinas
Protegidas y establece cuáles son sus objetivos, los espacios naturales
que la conforman y los mecanismos para su designación y gestión.